Un reciente informe revela que esta actividad ilícita continúa avanzando sobre ecosistemas vitales, sin control efectivo del Estado ni ejecución eficiente del presupuesto asignado.

Desde el 2010, al menos 18 Áreas Naturales Protegidas (ANP) y sus zonas de amortiguamiento han sido invadidas por la minería ilegal en el Perú, según un informe de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. La expansión de esta actividad ilícita está deteriorando ecosistemas únicos y pone en evidencia la debilidad de las políticas públicas frente a un problema que ya es estructural.

La minería ilegal continúa avanzando sin freno en el Perú, afectando no solo regiones alejadas o de difícil acceso, sino también importantes Áreas Naturales Protegidas (ANP) y sus Zonas de Amortiguamiento (ZA). Un reciente informe elaborado por Gisella Aragón y Luis Ruiz, investigadores de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, documenta la presencia de esta actividad ilícita en al menos 18 zonas de conservación desde 2010.

La Amazonía sur —integrada por Madre de Dios, Ucayali y Cusco— sigue siendo la región más impactada, con intervenciones dentro de la misma Reserva Nacional Tambopata, uno de los íconos de la biodiversidad peruana. Sin embargo, el problema ha dejado de ser exclusivo de esta región. En los últimos años, departamentos como Lima, Junín y Pasco han reportado un incremento en los impactos de la minería ilegal.

El avance de esta actividad también ha sido registrado en zonas emblemáticas como el Parque Nacional Huascarán, la Reserva Nacional San Fernando, la Reserva Nacional de Tumbes, la Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi, la Reserva Comunal El Sira y el Parque Nacional Yaguas, con registros de intervención hasta 2017.

Asimismo, en la zona de amortiguamiento de otras áreas como el Parque Nacional Río Abiseo, Bahuaja Sonene, Cerros de Amotape, el Santuario Nacional Pampa Hermosa, la Reserva Nacional de Junín, la Reserva Comunal Amarakaeri y la Zona Reservada Santiago Comaina también se ha detectado la presencia de minería ilegal.

Este panorama revela que el fenómeno no se restringe a zonas remotas o fronterizas. La expansión sostenida de la minería ilegal pone en evidencia la ineficacia de las estrategias de prevención y erradicación implementadas por el Estado.

A pesar de la gravedad del problema, las acciones del Gobierno para enfrentarlo han sido limitadas. Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), obtenidas por Rumbo Minero, en 2025 se asignaron más de S/ 74.6 millones para la lucha contra la minería ilegal a través de funciones de orden público y seguridad. Sin embargo, hasta la fecha solo se ha ejecutado el 37 % del presupuesto. La lenta respuesta institucional agrava una crisis ambiental que amenaza con desbordarse.

Lima, 12 de mayo del 2025

Fuente: Rumbo Minero